C贸mo una ley de la 茅poca de COVID que proh铆be las "noticias falsas" en Puerto Rico acecha a la prensa
En el punto m谩s cr铆tico de la pandemia de COVID-19, cuando Puerto Rico aprob贸 una ley que pretend铆a prohibir las 鈥渘oticias falsas鈥�, dos periodistas temieron que la prohibici贸n los expusiera a procesos penales por sus reportajes los cuales eran cr铆ticos sobre el gobierno, sus funcionarios y sus medidas de respuesta a la emergencia. Seg煤n la ley, cualquier persona acusada pod铆a enfrentar hasta tres a帽os de c谩rcel y miles de d贸lares en multas.
La ley se dirig铆a a cualquier persona acusada de dar "una falsa alarma" o difundir informaci贸n falsa que resultara en un riesgo para la vida, la salud o la propiedad durante una emergencia p煤blica declarada en la isla. ACLU y ACLU de Puerto Rico presentaron una demanda para impugnar la ley en mayo de 2020, representando a Sandra Rodr铆guez Cotto y Rafelli Gonz谩lez Cotto, ambos periodistas de larga trayectoria que han cubierto emergencias p煤blicas. El Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Primer Circuito, que decidir谩 sobre la constitucionalidad de la ley, escuch贸 los argumentos orales del caso en octubre.
"Cre铆 que era esencial seguir adelante con este litigio porque el gobierno hab铆a cruzado una l铆nea que amenazaba la esencia misma de la participaci贸n democr谩tica", dijo Gonz谩lez Cotto. "Cuando el estado se otorga a s铆 mismo el poder de decidir qu茅 informaci贸n es verdadera o falsa, especialmente durante una emergencia, abre la puerta a la censura, la intimidaci贸n y el amordazamiento del escrutinio leg铆timo".
En este segmento de Prensa en peligro, examinaremos el desaf铆o de ACLU a esa ley en Puerto Rico y por qu茅 proteger las "noticias falsas" de la regulaci贸n gubernamental protege todas las noticias.
Las leyes contra la desinformaci贸n pueden limitar la responsabilidad del gobierno
La demanda argumenta que permitir que el gobierno se convierta en el 谩rbitro del debate p煤blico viola la Primera Enmienda. En este caso, la ley intenta criminalizar los informes que el gobierno considera peligrosamente falsos, poniendo en riesgo los derechos de cada periodista y poniendo en peligro al p煤blico en el proceso. En el 2017, por ejemplo, el secretario de la gobernaci贸n acus贸 p煤blicamente a Rodr铆guez Cotto de mentir despu茅s de que ella revelara que la cifra reportada por el gobierno de los muertos a causa del hurac谩n Mar铆a estaba muy por debajo a la cifra real. Si la ley en cuesti贸n hubiese estado vigente en ese entonces, podr铆an haberla procesado penalmente.
Puerto Rico no es el 煤nico lugar que ha introducido una ley contra las "noticias falsas", pero si se permite que la ley se mantenga, se encontrar谩 en una compa帽铆a preocupante, como se帽al贸 la Cl铆nica de la Primera Enmienda de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia en su alegato de amicus curiae en nombre de grupos de libertad de expresi贸n y prensa. Hungr铆a, por ejemplo, proh铆be la cobertura "desequilibrada" y exige que los medios se registren ante el estado. Rusia ha castigado duramente a periodistas por su cobertura del gobierno bajo la apariencia de combatir las "noticias falsas". Egipto ha prohibido medios de comunicaci贸n por "publicar noticias falsas" sobre Israel y Gaza.
"Un pueblo libre requiere una prensa libre", dice Brian Hauss, subdirector del Proyecto de Expresi贸n, Privacidad y Tecnolog铆a de ACLU y abogado principal del caso. "Si los recientes ataques de la administraci贸n Trump a los medios, desde CBS 老熟女午夜福利 hasta Jimmy Kimmel, nos han ense帽ado algo, es que no se puede permitir que el gobierno dicte qu茅 debatimos o c贸mo lo debatimos. Pero eso es exactamente lo que esta ley intenta hacer".
En 2023, un juez federal estuvo de acuerdo y derog贸 la ley: "Los tribunales deben estar vigilantes para asegurar que la Primera Enmienda no se debilite durante periodos de emergencias declaradas. La funci贸n de vigilancia de la libre expresi贸n nunca es m谩s vital que durante una crisis a gran escala".
驴Puede el gobierno regular las noticias falsas y los enga帽os?
La ley en Puerto Rico es alarmante precisamente por su lenguaje amplio: podr铆a permitirle al gobierno controlar todo tipo de informaci贸n durante crisis como una pandemia o un hurac谩n. Un poder de censura tan abarcador y su efecto y el consiguiente efecto inhibidor sobre expresiones que se aparten de la narrativa oficial del gobierno, podr铆a poner en peligro a las personas al limitar sus fuentes de informaci贸n y disuadir a periodistas e individuos de contradecir a quienes ostentan el poder. Por ejemplo, como describi贸 el Reporters Committee for Freedom of the Press en su alegato de amicus curiae () a nombre de organizaciones de medios, leyes de 鈥渘oticias falsas鈥� como la de Puerto Rico podr铆an haber disuadido a reporteros de cuestionar los intentos de la administraci贸n de George W. Bush de minimizar la devastaci贸n causada por el hurac谩n Katrina.
Aunque Puerto Rico insiste en que su ley de "noticias falsas" es esencial para evitar que las falsas alarmas causen p谩nicos masivos peligrosos, la regla de la FCC sobre enga帽os en las transmisiones de la d茅cada de 1990 demuestra que es posible redactar una ley que proteja la seguridad p煤blica sin socavar las libertades de prensa. Esa regla se introdujo como una forma de combatir los enga帽os radiales comunes a partir de los a帽os 70s. Varios programas de radio realizaron montajes falsos al aire con fines promocionales, que iban desde confesiones falsas de cr铆menes violentos hasta secuestros ficticios de locutores. En un ejemplo muy sonado, el director de la emisora WALE-AM en Rhode Island anunci贸 falsamente que el presentador del programa, Steve White, hab铆a recibido un disparo en la cabeza afuera del estudio mientras se tomaba un descanso para fumar.
El anuncio provoc贸 que la polic铆a y los medios acudieran a la estaci贸n, desperdiciando recursos p煤blicos y causando p谩nico entre los oyentes. Despu茅s de d茅cadas de enga帽os similares con diversos grados de respuesta p煤blica, la FCC cre贸 la regla de enga帽os en transmisiones basada en los comentarios de los radiodifusores y del p煤blico. La regulaci贸n castiga la transmisi贸n de informaci贸n falsa sobre un "crimen o cat谩strofe" si la estaci贸n sabe que la informaci贸n es falsa, es pr谩cticamente seguro que el discurso causar谩 un da帽o p煤blico inmediato y sustancial, y la transmisi贸n, de hecho, crea ese da帽o.
La mayor铆a de las estaciones saben que la regla de enga帽o puede invocarse solo si emitieron, por ejemplo, una amenaza de bomba falsa o una transmisi贸n enga帽osa sobre un tiroteo masivo. Esto contrasta fuertemente con el lenguaje amplio de la ley de Puerto Rico, que potencialmente criminaliza el discurso sobre cualquier tema durante una emergencia declarada, desde especulaciones sobre el origen de COVID-19 hasta reportajes sobre el resultado de una elecci贸n.
Como ha sostenido el Tribunal Supremo, el gobierno no tiene la autoridad para castigar el discurso falso, especialmente en asuntos de inter茅s p煤blico, excepto en contextos muy limitados, como prohibir el perjurio o el hacerse pasar por un polic铆a. La ley de Puerto Rico va mucho m谩s all谩 de esos contextos limitados y viola la Primera Enmienda.
Protegiendo el derecho de libertad de prensa para los puertorrique帽os y m谩s all谩
Para Puerto Rico, el futuro est谩 en el aire. El gobierno apel贸 el fallo de 2023 que derog贸 la ley, y el Primer Circuito escuch贸 la apelaci贸n en octubre. El resultado tendr谩 implicaciones mucho m谩s all谩 de los reportajes en la isla.
Para Gonz谩lez Cotto, este es el punto: "Para m铆, lo que estaba 鈥攜 sigue estando鈥� en juego es si los puertorrique帽os pueden vivir en una sociedad en la que cuestionar al gobierno est谩 protegido, no criminalizado", dijo. "Este caso nunca se trat贸 solo de una ley. Se trataba de establecer un precedente que impidiera que futuras administraciones utilicen leyes vagas como armas para silenciar la disidencia鈥�.
La historia ense帽a que sin una prensa robustamente libre, el gobierno puede salirse con la suya en abusos de poder con poca oposici贸n. Para Gonz谩lez Cotto, los periodistas son un medio a trav茅s del cual el p煤blico puede ejercer su poder para cuestionar, verificar y responsabilizar a las instituciones. "Una prensa libre asegura que ning煤n gobierno, corporaci贸n o inter茅s poderoso pueda operar sin control", asever贸. "Cuando la prensa es restringida, el p煤blico se vuelve vulnerable. Cuando la prensa es libre, el p煤blico se vuelve invencible鈥�.
En un momento en el que el gobierno est谩 restringiendo el acceso de la prensa y utilizando a la FCC para castigar a comediantes, mantener esa libertad es m谩s importante que nunca. Permitir que el gobierno decida qu茅 es verdad y qu茅 no lo es, resulta peligroso para todos nosotros. Pero la historia tambi茅n nos ha ense帽ado algo m谩s: cuando luchamos por ella, la Primera Enmienda es lo suficientemente fuerte como para capear la tormenta.
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Press ReleaseJan 2026
LGBTQ Rights
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Aclu And Aclu Of Minnesota React To The Trump Administration's Arrests Of Journalists Don Lemon And Georgia Fort. Explore Press Release.ACLU and ACLU of Minnesota React to the Trump Administration's Arrests of Journalists Don Lemon and Georgia Fort
WASHINGTON 鈥� Last night, the Trump administration arrested journalists Don Lemon and Georgia Fort for reporting on federal agent activity and protests in Minneapolis. Their arrests and overnight detentions came after a federal magistrate judge declined to issue arrest warrants for them, and after Minnesota's chief federal district judge expressed strong skepticism about the charges鈥� validity. These arrests are the latest in a series of attacks by the Trump Administration on the First Amendment鈥檚 guarantee of a free press. In recent months, the Trump administration has retaliated against journalists and bystanders for recording immigration enforcement activity, conducted a search of a Washington Post journalist鈥檚 home after reporting confidential information, punished the Associated Press for refusing to use the Administration鈥檚 preferred term for the Gulf of Mexico, and tried to prevent journalists from reporting on non-official information from the Pentagon. Esha Bhandari, Director of the ACLU Speech, Privacy, and Technology Project, issued the following statement in response: 鈥淭he federal government prosecuting journalists for their reporting is extremely concerning, made more so by its continued pursuit of these charges after a magistrate judge refused to sign-off on the arrest warrant and over the reported objections of career prosecutors. This will send a chilling message to other journalists reporting on the administration's actions, and should be understood in the context of the government鈥檚 broader crackdown on freedom of the press.鈥� Deepinder Mayell, Executive Director of the ACLU of Minnesota, issued the following statement: 鈥淭he Trump administration has abused the rights of Minnesotans for months. Arresting journalists should alarm everyone. These arrests are a bold escalation of the Trump administration鈥檚 quest to target a free press, avoid transparency and shape the truth. They are trying to send a message to journalists across the country that they could be next.鈥� -
Washington, D.C.Jan 2026
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The New York Times Co. V. Department Of Defense. Explore Case.The New York Times Co. v. Department of Defense
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Press ReleaseJan 2026
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Aclu To Federal Court: Pentagon Press Policy Threatens Core First Amendment Freedoms. Explore Press Release.ACLU to Federal Court: Pentagon Press Policy Threatens Core First Amendment Freedoms
WASHINGTON 鈥� The 老熟女午夜福利 and the ACLU of the District of Columbia filed a brief late last night in support of the New York Times in its lawsuit against the Department of Defense (DoD) over its new press policy, which the brief describes as asserting the power 鈥渢o banish journalists for disfavored coverage.鈥� The ACLU warns that this unconstitutional policy must be understood as 鈥減art of a broader assault on free expression鈥� that resembles authoritarian tactics seen in other countries that have experienced democratic backsliding. The New York Times was one of several major outlets to turn in their press access badges at the Pentagon in October in protest of the new rules from Secretary of Defense Pete Hegseth. The rules prohibit reporters from soliciting, receiving, or publishing information that is not authorized by DoD, even if the information is not classified. The Times filed suit several weeks later, alleging that the new policy violates the First and Fifth Amendments, as well as the Administrative Procedure Act. 鈥淛ournalists are not mouthpieces for government propaganda, but that鈥檚 exactly what these new rules try to turn them into,鈥� said Scott Michelman, legal director at the ACLU of D.C. 鈥淭he First Amendment protects our right to a free press precisely because it can hold the government accountable to the people. We have seen time and time again throughout our nation's history that muzzling the press can have dire consequences. This administration鈥檚 relentless pursuit of ideological conformity through its repeated attacks on the press ignores the lessons of our history and the commands of our Constitution.鈥� Echoing arguments made in an amicus brief filed in support of an Associated Press lawsuit against the Trump administration in October 2025, the brief argues that unchecked incursions on press freedoms frequently lead to greater repression, as demonstrated by American history and the modern experience of other nations. The brief catalogues the Trump administration鈥檚 alarming campaign of retaliation against dissenting voices, as well as its documented campaign against journalists. 鈥淩estrictions on press freedom are the canary in the coal mine for democratic backsliding,鈥� said Brian Hauss, deputy director of the ACLU鈥檚 Speech, Privacy and Technology Project. 鈥淎s the White House thumbs its nose at the First Amendment, it鈥檚 instructive to look to countries like Hungary and Russia, where the descent into autocracy began with crackdowns on journalists. We hope the court rebukes the Pentagon鈥檚 effort to coerce reporters providing critical information to the American people.鈥� The New York Times鈥� suit, The New York Times Company v. Department of Defense, was filed in the U.S. District Court for the District of Columbia in December 2025. The ACLU and the ACLU of D.C. filed the amicus brief with the court in support of the Times鈥� motion for summary judgment. The amicus brief can be viewed here. -
Press ReleaseJan 2026
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Appeals Court In Mahmoud Khalil鈥檚 Case Decides Federal Court Lacks Jurisdiction Until Immigration Court Proceedings Complete. Explore Press Release.Appeals Court in Mahmoud Khalil鈥檚 Case Decides Federal Court Lacks Jurisdiction Until Immigration Court Proceedings Complete
PHILADELPHIA 鈥� Today, in a split 2-1 decision, the Third Circuit Court of Appeals overturned a district court ruling that found Mahmoud Khalil鈥檚 detention and removal likely unconstitutional. Today's order does not weigh in on the core First Amendment arguments in his case but holds that the district court did not have subject matter jurisdiction over Mr. Khalil鈥檚 immigration proceedings. The opinion does not go into effect immediately and the Trump administration cannot lawfully re-detain Mr. Khalil until the order takes formal effect, which will not happen while he has the opportunity to seek immediate review. Mr. Khalil鈥檚 legal team has several legal avenues they may pursue, including seeking review en banc from the Third Circuit Court of Appeals, which would allow all judges from the Third Circuit to weigh in. 鈥淭oday鈥檚 ruling is deeply disappointing, but it does not break our resolve,鈥� said Mahmoud Khalil. 鈥淭he door may have been opened for potential re-detainment down the line, but it has not closed our commitment to Palestine and to justice and accountability. I will continue to fight, through every legal avenue and with every ounce of determination, until my rights, and the rights of others like me, are fully protected.鈥� In June 2025, a federal judge district court judge Michael E. Farbiarz granted Mr. Khalil鈥檚 request for a preliminary injunction after concluding that he would continue to suffer irreparable harm if the government continued efforts to detain and deport him on the basis of Secretary of State Marco Rubio鈥檚 determination under the 鈥渇oreign policy ground,鈥� a rarely used deportation provision of the federal immigration statute, that Mr. Khali鈥檚 lawful protected speech would 鈥渃ompromise a compelling U.S. foreign policy interest.鈥� Judge Farbiarz also found that Mr. Khalil was likely to succeed on the merits of his constitutional challenge to his detention and attempted deportation on the 鈥渇oreign policy ground.鈥� In a separate order, Judge Farbiarz released Mr. Khalil on bail after determining that he presented neither a danger nor a flight risk and that extraordinary circumstances justified his temporary release while his habeas case proceeded. 鈥淭oday鈥檚 decision is deeply disappointing, and by not deciding or addressing the First Amendment violations at the core of this case, it undermines the role federal courts must play in preventing flagrant constitutional violations,鈥� said Bobby Hodgson, deputy legal director at the New York Civil Liberties Union. 鈥淭he Trump administration violated the Constitution by targeting Mahmoud Khalil, detaining him thousands of miles from home, and retaliating against him for his speech. Dissent is not grounds for detention or deportation, and we will continue to pursue all legal options to ensure Mahmoud's rights are vindicated.鈥� The Trump administration and Department of Homeland Security illegally arrested and detained Mr. Khalil in direct retaliation for his advocacy for Palestinian rights at Columbia University. Shortly after, DHS transferred him 1300 miles away to a Louisiana detention facility 鈥� ripping him away from his then eight-months pregnant wife and legal counsel. During the 104 days he remained in ICE custody, Mr. Khalil missed the birth of his first child, among other important moments. Mr. Khalil is represented by Dratel & Lewis, the Center for Constitutional Rights, CLEAR, Van Der Hout LLP, Washington Square Legal Services, the 老熟女午夜福利 (ACLU), the New York Civil Liberties Union (NYCLU), the ACLU of New Jersey, and the ACLU of Louisiana. The order and dissent can be read here.